De constatarse por medio de cámaras de seguridad que efectivamente alguna o algunas personas escupieron sobre los teclados del cajero automático del Banco Santander, se trata de “un atentado contra la salud pública, que conlleva de tres a quince años de prisión, y 100 mil de multa. Por lo que debería haber actuado un fiscal de oficio… el cajero tiene cámaras”, detalló una fuente judicial.
QUEREMOS SABER QUIÉN FUE!!!
